Hugo Triano Gómez.
Próximo a cumplir una semana "vigente", el paro de policías en
Tabasco es uno de esos asuntos que muchos ven, todos padecen, pero pocos pueden
resolver.
¿Cómo hacerlo de la mejor forma sin irse de bruces,
sin herir susceptibilidades de más y sin que las famosas instituciones resulten
perdedoras?.
Para nadie es secreto que las corporaciones
policiacas en México son mal pagadas, ya no se diga en Tabasco; que los dineros
que muchas veces van etiquetados para el bienestar de la corporación se "pierden" sin remedio y sin sanción
de por medio en el camino; que muchas veces se prometen cosas y no se cumplen,
que ni siquiera poseen una garantía por su labor y en ocasiones ni portan un
atuendo adecuado e indispensable.
Ello fue así porque tradicionalmente quien a la gendarmería
se dedicaba era gente que no tenía mayores medios para prepararse ante la vida
y sí, quizás se conformaba con poco. Tan se conformaban que la manipulación de
la policía por parte del gobernante en turno, se hizo toda una política pública.
Es cuestión de recordar aquí que la convicción
nunca ha sido equivalente a la necesidad, de tal forma que las deficiencias en
el servicio aparecieron y se mantuvieron vigentes. Ahora que la exigencia en la
materia es mayúscula, que paradójicamente la disciplina se relajó y que por
ello comenzaron a tornarse inevitables los ajustes, aparecieron las
inconformidades.
Cuestionar en ese sentido la decisión de los
superiores respecto a los horarios que las guardias tienen que cubrir, luce
fuera de lugar, muy a pesar de que no tiene vuelta de hoja el incumplimiento
del gobierno ante lo ofrecido, y que de haberlo otorgado habría extinguido
desde la segunda vez el principal pretexto para detonar el conflicto.
¿En qué momento se centró el conflicto en la petición
de hacer rodar la cabeza del Secretario de Seguridad Pública Audomaro Martínez?¿Es
en efecto su cese, la única posibilidad de destrabar el conflicto? La realidad
es que no lo parece, y que todo aconteció cuando el asunto se tornó en uno de
filias y fobias, cuando la política se involucró.
Los paristas deben entender por ello que el
gobierno Nuñista no va a ponerles en bandeja de plata la cabeza del general,
como tampoco puso la de Rodolfo Lara en el conflicto con la alianza magisterial del año anterior. La razón es simple y añeja, no puede enviarse un mensaje de
debilidad que le abra la puerta a otros escenarios y actores que permanecen al
acecho de una señal de flaqueza o extrema prudencia, para asestar el zarpazo
llamado inestabilidad.
A estas alturas es claro que ciertos grupos al
interior no están de acuerdo con la gestión de Audomaro Martínez en Seguridad pública,
empero nadie dijo que el general iría allá a complacer a la corporación, a ser íntimo
amigo de ellos, a "apapachar" a quienes han hecho de la protección su
manera de ganarse la vida.
La intervención de los actores políticos por
obviedad es obligada para comentar, más si se pone en la mesa el recule de los
diputados Francisco Castillo y Roger Arias que pese a prometerlo, finalmente no
solicitaron ante el pleno del congreso local el cese del general. ¿Qué fue lo
que sucedió allí? ¿Admitieron la falta de seriedad de su "gestión"
o que
carecen de elementos para el planteamiento o simplemente apareció algún otro
factor inesperado? Lo que queda claro es que si los elementos abundaran, sería
obligado proceder por las distintas vías contra el general que dicho sea de
paso, como cualquier secretario, servidor o trabajador, no puede ser renunciado
"porque sí", por "dichos y oídas".
¿Que el secretario de seguridad ostenta un muy bien
remunerado sueldo? ¿Que no desquita sus ingresos? ¿Que los elementos de a pie
son los que arriesgan la vida? Todo tiene algo de razón. Solo que ello sucedió
con la venia de los diputados que como el aludido Castillo, ahora critica el
recorte a las dependencias relacionadas pero a finales de 2013 avaló el
presupuesto para este año enviado por el ejecutivo.
Como sea, nadie niega que lo urgente sea
retomar el control de la situación. ¿A costa de qué es la interrogante?. Los
policías tienen la ventaja de que el gobernador Núñez no debe ni puede
contradecirse en este caso enfrentando por la fuerza a los disidentes, con todo
y que "someramente" lo sugiera el ex gobernador Roberto Madrazo, vasto
conocedor de estas cosas. Con todo y que aún en la distancia el sucesor de aquél,
Manuel Andrade, desee terminar el asunto como si fueran sus tiempos, con el "garrote
con el cliente".
¿A que le apostará el gobierno de Arturo Núñez?
Quizás a esperar nuevas ministraciones de recursos y a la firma de nuevos compromisos,
incluida una amnistía para los paristas, no más. Después de todo el gobierno
federal luce de su parte y ni la petición a éste de los policías para que
intervenga a fin de destrabar el asunto parece de gran calado, con
posibilidades de aterrizar.
Si los inconformes logran los beneficios que buscan
aún no teniendo la cabeza de Audomaro Martínez podrían afirmar que por fin se "hizo
justicia";
podrían declararse ganadores del conflicto. El gobierno a su vez no perdería,
solo cumpliría su obligación…su "compromiso".
La raja, cuyo ganador aún estaría por determinarse,
la obtendría quien se beneficie en el acercamiento y colaboración entre el
presidente Peña y el gobernador Núñez, una que quizás no solo comprometa a las
administraciones sino que aleje en los hechos a la de Tabasco de quien
innegablemente la hizo realidad; del mismo que ahora le pide combata legalmente
al gobierno federal para exigir un mejor trato al estado; a ese que -ahora- por
conveniencia y apoyos militares el gobierno tabasqueño sigue dejando solo pese
a que le prometió respaldarlo. Sí.. a Andrés Manuel López Obrador.
